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La mitad de las competencias de los notarios otorgadas por la jurisdicción voluntaria suponen matrimonios y divorcios

La mitad de las competencias de los notarios otorgadas por la jurisdicción voluntaria suponen matrimonios y divorcios

Los notarios españoles han realizado durante los dos primeros años de vigor de la Ley de Jurisdicción Voluntaria más de 47.000 actos jurídicos sobre las nuevas materias en las que tienen competencia, lo que ha ayudado a descargar a los jueces de asuntos no contenciosos en los que su intervención no era preceptiva.

Además de los actos más conocidos, como la celebración de matrimonios, separaciones o divorcios, los españoles han comenzado a acudir a los notarios para realizar declaraciones de herederos abintestato (sin testamento) si son herederos colaterales, para reclamar deudas, o para realizar el inventario antes de decidir si aceptan o renuncian a una herencia, entre otros casos.

En vista de estos datos, afirma José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado, que “se demuestra la consolidación de esta ley y que cada vez son más los ciudadanos que acuden a los notarios para resolver este tipo de situaciones no contenciosas, porque podemos encontrar solución a sus demandas con gran agilidad y seguridad jurídica.

Una de las novedades más conocidas que ha introducido esta ley ha sido la posibilidad de casarse, separarse o divorciarse ante notario. De hecho, la celebración de matrimonios (13.166) y de divorcios o separaciones (10.676) aglutinan la mitad de los nuevos actos de jurisdicción voluntaria realizados en este periodo. Así, más de 23.000 parejas han acudido a un notario para contraer matrimonio, separarse o divorciarse (siempre que los cónyuges estén de acuerdo y no haya hijos menores a su cargo).

En el caso de los divorcios, además, el notario, al igual que hacía el juez, comprueba que el convenio regulador de la suspensión de la vida en común acordado por las partes se atiene a derecho y es equitativo para los dos miembros de la pareja, es decir, que no incluye aspectos que discriminen a uno de ellos, y lo incorpora y protocoliza dentro de la escritura pública de divorcio.

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