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Principales delitos económicos configurados en el Código Penal

Principales delitos económicos configurados en el Código Penal

Ley orgánica 1/ 2.015 de 30 de marzo

 

Autor: Francisco González Sabio, abogado de Medina Cuadros en Las Palmas.

 

SUMARIO
-Introducción

-Delitos patrimoniales:

 

  • Robo

 

  • Hurto

 

EN BREVE: La profusa reforma del Código Penal llevada a cabo por la LO 1/2015, de 30 de marzo ha afectado, como era de esperar, a los delitos contra el patrimonio.

 

Los delitos patrimoniales, parte de los cuales van a ser analizados a la luz de la LO 1/ 2.015 son aquellos que tradicionalmente reconocen como bien jurídico protegido al patrimonio, englobando tanto la posesión bienes y derechos por relación admitida por el ordenamiento jurídico como la idea de que los mismos sean cuantificables desde el punto de vista económico.

 

 

 

Son objeto de análisis en cuanto a la reforma operada, con carácter exclusivo, los delitos de hurto y robo dejando al margen del mismo, por razones de extensión, el tratamiento a la vista de la nueva legalidad vigente de la apropiación indebida, la estafa, las insolvencias punibles, la administración desleal, los delitos contra la propiedad intelectual e industrial y ello por referirse los anterior al ámbito socioeconómico y no al ámbito patrimonial “stricto sensu”.

 

Tal y como se determina en el apartado XIV de la Exposición de Motivos de la ya citada LO 1/2015, la revisión de estos delitos tiene como objetivo esencial ofrecer respuesta a los problemas que plantea la multireincidencia y la criminalidad grave, de ahí, no sólo el considerable aumento de penalidad para estos tipos delictivos, sino, sobre todo -como seguidamente se analizará-, los supuestos agravados de los mismos que introduce el legislador, que tienen por misión dar respuesta a la realidad diaria a que se enfrentan los Juzgados de Instrucción en la investigación y/o represión de los delitos de hurto y robo.

 

Además de estas cuestiones de fondo, es preciso avanzar que la LO 1/2015 ha traído una importante novedad desde el punto de vista sistemático, cual es la desaparición del libro III del Código Penal, dedicado a las Faltas, y procediendo a integrar en cada tipo delictivo, también en el caso de los delitos patrimoniales, la modalidad leve de ataque contra el bien jurídico respectivo, por lo que las antiguas faltas no desaparecen, sino que se sitúan con el tipo básico correspondiente pero con la denominación de delitos leves.

 

Comenzando por la regulación del delito de hurto, el apartado 1 del art. 234 mantiene su definición y penalidad, pero en su párrafo segundo ya recoge la primera novedad al incorporar la figura atenuada del hurto (el nuevo delito leve consecuencia de la supresión de las faltas), cuando la cuantía de lo sustraído no excediere de 400 euros, salvo que concurriere alguna de las circunstancias que agravan la conducta, previstas en el artículo siguiente, que también contempla novedades. No obstante, probablemente sólo podrá darse la concurrencia de la agravación analizada en los casos de comisión del delito durante catástrofe, en supuestos de multirreincidencia, comisión con utilización de menores o práctica delictiva por organización o grupo criminal ya que en el resto de los supuestos la propia exigencia de gravedad del resultado queda conjurada en atención a la escasa cuantía.

 

La cifra de 400 euros se sigue manteniendo como delimitativa de la frontera entre el tipo básico del hurto y el delito leve. Al respecto la STS 327/2017, de 9 de mayo resulta esclarecedora. Según esta resolución, para la estimación del valor de la cosa objeto del delito, en los términos del artículo 365 LECrim, cuando se trate de sustracciones en establecimientos abiertos al público, el IVA formará parte del «valor de la cosa» y deberá ser incluido. Se declara en dicha resolución que “el valor de lo sustraído en establecimiento comerciales es el precio de venta al público que debe interpretarse como la cantidad que debe abonarse para su adquisición, cifra que habitualmente se exhibe en el etiquetado de la mercancía, comprensiva, sin desglosar, las costas de producción y distribución del bien, los márgenes de beneficio de los sucesivos intervinientes en la cadena de producción y los tributos y aranceles que lo hayan gravado directa o indirectamente, con inclusión del Impuesto del Valor Añadido (IVA) en el territorio de su aplicación (península y Baleares ) el impuesto General Indirecto Canario (IGIG), en las Islas Canarias y el impuesto sobre la Producción,  los Servicios  y las  Importaciones (IPSI)  en  las  ciudades  de  Ceuta y Melilla.»

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