Inicio » Actualidad Jurídica » Jurisprudencia » El Constitucional declara inconstitucional y nulo un precepto de la Ley Foral de Navarra que ordenaba el archivo de los procesos contra liquidaciones de la plusvalía municipal
El Constitucional declara inconstitucional y nulo un precepto de la Ley Foral de Navarra que ordenaba el archivo de los procesos contra liquidaciones de la plusvalía municipal

El Constitucional declara inconstitucional y nulo un precepto de la Ley Foral de Navarra que ordenaba el archivo de los procesos contra liquidaciones de la plusvalía municipal

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Pamplona y ha declarado inconstitucional y nulo el apartado 4, 2 de la disposición transitoria única de la Ley Foral 19/2017, de 27 de diciembre. En concreto en los incisos de sus párrafos primero y segundo donde ordenaba a “los órganos jurisdiccionales”, el archivo de los procesos que a la entrada en vigor de la ley estuvieren abiertos para resolver recursos contra liquidaciones del impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, giradas bajo la anterior Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra. Algunos de los artículos de ésta última habían sido declarados nulos por la Sentencia del Tribunal 72/2017, de 5 de junio, lo que llevó al legislador a aprobar una nueva regulación por medio de aquella Ley Foral 19/2017.

La sentencia que ahora se dicta, redactada por el Magistrado Ricardo Enríquez, considera que el apartado de la disposición transitoria única es contrario al reparto de competencias del art. 149.1.6ª CE, invadiendo la atribuida exclusivamente al Estado en materia de legislación procesal, al no concurrir el supuesto de excepción que permite dictarla a la Comunidad Autónoma; que se trate de una necesaria especialidad derivada “de la regulación foral del impuesto local” referido, lo que aquí no se acredita.

El apartado 4, 2 de la disposición transitoria única cuestionada, sin concordancia con las normas procesales del Estado (art. 76 de la Ley reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa y supletorio art. 22 la Ley de Enjuiciamiento Civil), exigía a los tribunales el archivo de las causas tramitadas ante ellos y la devolución de los expedientes a los ayuntamientos de origen, para la práctica de nuevas liquidaciones.

La sentencia señala que ni el Preámbulo de la Ley 19/2017 ni las instituciones forales que en este proceso han defendido la validez constitucional de la norma, explican “por qué la aplicación del nuevo marco legal no puede corresponder a los tribunales contenciosoadministrativos en los procesos aún no finalizados (…) al momento de dictar sentencia, deduciendo de ello no sólo la nulidad de la liquidación impugnada, en cuanto carente de cobertura legal, sino también aquellas consecuencias económicas desfavorables que ésta última haya causado al recurrente”. Además, afirma el Tribunal, tampoco se garantiza que “la nueva liquidación vaya a ser favorable para los intereses del justiciable (mientras ésta no se dicte, la anterior, que ha quedado excluida del control judicial, seguirá produciendo sus efectos)”, es decir, que vaya a producirse una satisfacción extraprocesal de su pretensión. En este sentido, el apartado 4, 2 de la disposición transitoria única añadía que en caso de disconformidad tendría el afectado que iniciar una nueva impugnación jurisdiccional, con la consiguiente pérdida de tiempo y dinero. Tales reglas son las que resultan objeto de anulación. (Fuente: Tribunal Constitucional)

Se adjunta pdf con el texto completo de la sentencia

 

 

Deja un Comentario

Tu dirección de email no será publicada. Required fields are marked *

*

Contenidos relacionados

Ver Todos >>

Hay fraude de ley si no es necesario el endeudamiento de una entidad para realizar una operación

Hay fraude de ley si no es necesario el endeudamiento de una entidad para realizar una operación

Según una Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, ha habido un fraude de ley por considerar “no deducibles los gastos financieros derivados del endeudamiento soportado con entidades del grupo y relacionados con operaciones de adquisición de participaciones de sociedades del grupo”. Partiendo de esa base, se ha tenido en cuenta la evolución del endeudamiento del sujeto pasivo-recurrente. En el acuerdo donde se ... Leer Más »

El mero hecho de negarse a cumplir el servicio militar no es motivo para la concesión de la condición de refugiado

El seguro de responsabilidad civil incluye un factor social

El seguro de responsabilidad civil incluye un factor social

Se dictamina que el administrador de una mercantil es el autor de un delito de estafa, en concurso con un delito continuado de falsedad; además de declarar que una de las compañías de seguro de las que servía de intermediador es responsable civil directa para indemnizar a las víctimas de los delitos cometidos. No obstante, la compañía aseguradora entiende que se ha ... Leer Más »

La Administración debe indemnizarnos cuando se produzca alguna lesión por el funcionamiento de los servicios públicos

La Administración debe indemnizarnos cuando se produzca alguna lesión por el funcionamiento de los servicios públicos

Cabe que haya un resarcimiento a cargo de la Administración cuando ésta funcione mal en base al artículo 106.2 de la Constitución Española. En este recurso ante la Audiencia Nacional, se plantea además sobre la prescripción. Según el Abogado del Estado, el plazo de prescripción de la acción administrativa, pues todo se origina en una sanción confirmada en el orden ... Leer Más »

En todo juicio es necesario la carga probatoria de un hecho delictivo

En todo juicio es necesario la carga probatoria de un hecho delictivo

La presunción de inocencia, reconocida en el artículo 24 de la Constitución Española, está sujeta a una actividad probatoria de si se ha cometido un hecho delictivo o no. En este caso, la Audiencia Nacional tiene en cuenta que en el delito de abuso sexual, conforme a los hechos relatados y a los acontecimientos ocurridos, no hay “insuficiencia o falta de racionalidad ... Leer Más »

Ver más contenidos en esta categoría >>

Economist & Jurist